Yolanda Díaz (Fene, 1971) es licenciada en Derecho. Comenzó su carrera colaborando con varios despachos de abogados hasta abrir el suyo propio en Ferrol, donde fundamentalmente trabajó en el ámbito del derecho laboral.

Su primer cargo público fue como concejala del Ayuntamiento de Ferrol y llegó a ser vicealcaldesa. En 2012 fue elegida diputada en el Parlamento de Galicia, donde ejerció como viceportavoz hasta 2016.

Desde enero de 2020 es ministra de Trabajo y Economía Social, donde ha hecho bandera del diálogo social. El primer gran acuerdo que alcanzó fue la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente ya alcanza el 60% del salario medio, tal como exige la Carta Social Europea y afecta a más de dos millones de personas asalariadas. 

En julio de 2021 pasó a ser vicepresidenta del Gobierno. El gran reto de su gestión durante la legislatura 2020-2023 ha sido hacer frente a una pandemia inédita articulando un sistema de ERTE flexibles que permitió dar protección a unos 3,6 millones de trabajadores y más de medio millón de empresas. 

Como titular de Trabajo ha gestado 23 grandes acuerdos con el Diálogo Social, entre ellos medidas de gran alcance como la Reforma Laboral, que ha conseguido atajar la temporalidad, uno de los grandes lastres del mercado de trabajo español, especialmente entre los jóvenes. En la actualidad, España registra su tasa de desempleo más baja desde 2008.

Asimismo, la lucha contra la brecha salarial se ha materializado en dos acuerdos con las organizaciones sindicales: los reglamentos de Igualdad y de Igualdad retributiva. Además, se ha saldado una gran deuda histórica con las empleadas del hogar, cuya situación laboral ha sido equiparado al resto de asalariadas y asalariados reconociéndoles la prestación por desempleo y la baja por enfermedad, derechos de los que hasta ahora carecían.

Díaz ha impulsado normativas pioneras como la ley para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. Esta legislación, conocida como la ley Rider, ha servido de base para la directiva que mejora de las condiciones de trabajo en plataformas digitales, la primera normativa europea que reconoce el derecho de la persona trabajadora a conocer la gestión algorítmica de sus condiciones de trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha impulsado también el tejido productivo que constituye la Economía Social, la aprobación del registro horario y el Estatuto del Artista.