Yolanda Díaz (Fene, 1971) es licenciada en Derecho y ha completado sus estudios con diferentes cursos superiores y de postgrado en Relaciones Laborales, Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial y Recursos humanos. También ha recibido formación complementaria en Seguridad Social, contratación laboral, administración y poder político y género.

Su carrera profesional comenzó colaborando con varios despachos de abogados hasta abrir el suyo propio en Ferrol donde, fundamentalmente, trabajó en el ámbito del derecho laboral.
El primer cargo público de Yolanda Díaz fue como concejala del Ayuntamiento de Ferrol donde llegó a ser teniente de alcalde.
En 2012 fue elegida diputada en el Parlamento de Galicia, donde ejerció como viceportavoz hasta 2016.

Desde enero de 2021 es ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España.
El 31 de marzo tomó posesión como vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Actualmente es vicepresidenta segunda.
Al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha hecho bandera del diálogo social. El primer gran acuerdo que alcanzó fue la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ya ha subido en tres ocasiones hasta los 1.000 euros actuales.
Ha promovido la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido por acumulación de bajas médicas aunque estuviesen justificadas.

El gran reto de su mandato ha sido hacer frente a una pandemia inédita, con efectos económicos implacables, articulando un sistema de ERTE flexibles que han permitido la protección de hasta 3,6 millones de trabajadores y más de medio millón de empresas. Y ha incorporado este instrumento de flexibilidad en la reforma laboral aprobada en diciembre.
También se ha articulado el programa MECUIDA para facilitar los cuidados de las personas dependientes a cargo de las personas trabajadoras.

En septiembre de 2020 se aprobó la ley de Trabajo a Distancia, una regulación que permite acogerse a esta modalidad de trabajo de manera voluntaria, reversible y que garantiza la compensación de los gastos en que incurra la persona trabajadora. También se ha fraguado en el marco del Diálogo Social.

La lucha contra la brecha salarial se ha materializado en dos acuerdos con las organizaciones sindicales: los reglamentos de Igualdad y de Igualdad retributiva. En colaboración con los agentes sociales, se ha ideado la Herramienta Española de Igualdad Retributiva IR! Que permite identificar posibles diferencias de salario discriminatorias en las empresas y es gratuita y de acceso libre.

Uno de logros más destacados como titular de Trabajo ha sido la aprobación de una ley pionera a nivel mundial sobre los derechos laborales de personas dedicadas al reparto en plataformas digitales. Se trata de una legislación vanguardista e innovadora que aborda la cuestión de la transparencia de los algoritmos en las empresas. Por primera vez, los representantes de los trabajadores tienen acceso a los algoritmos que determinan sus condiciones salariales.

Otro de los grandes referentes de su gestión es el Diálogo Social, en el cual se ha fraguado una de las medidas laborales más importantes: la reforma laboral sancionada en el Congreso en febrero. Esta normativa, que constituye un nuevo paradigma en el mercado laboral español, busca erradicar, entre otros, la temporalidad. Ha sido elaborada con el consenso de los agentes sociales: organizaciones sindicales y empresariales. 

Asimismo, ha impulsado la Herramienta de impacto de Algoritmos, un instrumento pionero que permite cumplir con la obligación de información algorítmica y garantizar el derecho fundamental a la no discriminación. La herramienta permite que las personas trabajadoras tengan derecho a conocer y comprender los efectos del uso de algoritmos en las condiciones laborales o en la selección de personal. 

En el ámbito de la Economía Social, ha lanzado un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica) de la Economía Social y de los Cuidados, único en Europa, que está dotado con 800 millones de euros para transformar y profesionalizar el mundo de los cuidados, así como afianzar el modelo productivo de la Economía Social, que en España representa el 10% del PIB. 

A nivel internacional, la vicepresidenta ha impulsado la directiva de salarios mínimos que acaba de aprobar la Unión Europa y ha promovido la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas, que permitirá garantizar el derecho a la protección por desempleo a las trabajadoras del hogar, una reclamación histórica de este sector, integrado fundamentalmente por mujeres.